La Justicia rosarina homologó este jueves un procedimiento abreviado para condenar a 3 años de prisión a Leonardo Andrés Peiti. En la audiencia se ratificó la declaración como arrepentido que incrimina a senadores provinciales de Santa Fe como receptores de coimas a cambio de favores políticos.
Peiti, considerado uno de los zares del juego clandestino, pagará más de $ 42 millones. La multa que acordó la defensa con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no sólo se limita a dinero en efectivo.
La sanción económica incluye el decomiso de un automóvil y 19 lotes en el barrio Tierra de Sueños en Casilda, unos 60 kilómetros al oeste de la ciudad. Esos terrenos quedaron en la mira de los investigadores cuando imputaron por lavado de activos al ex piloto de Fórmula 1, Oscar "Poppy" Larrauri.
El testimonio de Peiti se ventiló casi tres meses después su segunda presentación para negociar el juicio abreviado por el que se redujo a la mitad la pena de prisión que le correspondía.
El senador del peronismo santafesino Armando Traferri, acusado comandar una red juego ilegal en Santa Fe, se presentó a declarar ante la Justicia Rosario.
Foto: Juan José GarcíaEn esa instancia, afirmó que llegó a pagarle un total de 200.000 dólares a Armando Traferri. Al respecto comentó que la relación entre ambos comenzó cuando decidió apoyar la campaña del senador del departamento San Lorenzo y la del actual gobernador Omar Perotti.
Según los fiscales, "aportaba porque pensaba que de esa forma iba a obtener las licencias" para gerenciar máquinas de apuestas online.
La declaración añade que en 2017 hubo un encuentro con Hugo Rasetto, que también integra la Cámara alta. En ese caso recordó que le llevó 40 o 50 mil dólares porque tenía problemas para manejar el juego clandestino en la región que representa el dirigente radical y en el departamento General López, en el sudoeste santafesino.
Para resolver la cuestión en esta última zona además entregó dinero destinado Lisandro Enrico, pero aclaró que este legislador no estuvo presente y no tiene constancia de que haya cobrado.
"A partir de esa situación, (Peiti) pudo trabajar en el ámbito de esos departamentos, pero no sabe si se debió al pago o por otra cuestión", aclaró el fiscal Matías Edery. Así distinguió que la evidencia objetiva recabada hasta ahora sólo apunta con firmeza contra Traferri, cuyos fueros impiden actualmente que sea imputado.
Los investigadores establecieron que el arrepentido tenía a Larrauri como su "financista" y el nexo entre ambos era el abogado José Fernández Chemes.
De acuerdo a la hipótesis del MPA, este último apareció a principios de 2020 como titular de la empresa que presentó el proyecto de las máquinas de apuestas online en la Lotería de Santa Fe.
Según los dichos del imputado colaborador, el cambio de nombre lo sugirió el senador sanlorencino para evitar problemas legales.
Además de cohecho activo y explotación de juegos de azar sin autorización, el procedimiento abreviado que homologó el juez Rafael Coria incluye investigaciones sobre estafa procesal y el funcionamiento de diferentes asociaciones ilícitas en Rafaela y Melincué.
En el caso de la que denunciaron en Rosario, el fiscal Luis Schiappa Pietra remarcó que la misma operó desde el 24 de abril de 2017, cuando creen que se produjo el primer encuentro entre Peiti y Traferri.
Si bien el mayor impacto de las causas se da por las acusaciones contra referentes de la política santafesina, Peiti también indicó que la Policía estaba metida en el juego clandestino.
En su testimonio comentó que el ex jefe de la Unidad Regional II, José Luis Amaya, era uno de los "grandes" regentes del negocio junto a Daniel Corbellini, que supo estar al frente de la actual Agencia de Investigación Criminal (AIC).
"Si les dabas cinco, ellos querían 15 o 20. Uno se puso firme y no le quise dar lo que ellos querían. A partir de ahí, me quise retirar y el tipo hizo una investigación", afirmó el rosarino sobre el segundo comisario mencionado.
Fiscal arrepentido
Los investigadores plantearon que la "red de corrupción" conectada a la política se montó a partir de la asunción de Patricio Serjal en 2017 como fiscal regional de Rosario.
Este fue uno de los dos ex funcionarios judiciales detenidos el año pasado a partir de la primera declaración de Peiti como arrepentido, aunque ya se encuentra bajo arresto domiciliario por problemas de salud.
El pago de coimas a integrantes del MPA se terminó en julio de 2020, cuando el empresario reveló que era víctima de extorsiones por parte de una banda criminal comandada por Maximiliano Díaz.
El fiscal Gustavo Ponce Asahad declaró como arrepentido. Foto Juan José García"Cachete" es mencionado como aliado de "Los Monos" y sospechan que fue el instigador del homicidio del gerente Enrique Ensino en el balcón del casino City Center.
El imputado colaborador contó que el fiscal Gustavo Ponce Asahad le cobraba entre 4 y 5 mil dólares mensuales a cambio de información reservada que luego le pasaba a los delincuentes.
Por esa plata también se aseguraba de que no avanzaran investigaciones sobre el juego clandestino como la de Melincué, una de las que se cerró este jueves.
El funcionario judicial fue el primer detenido en Rosario y también el primero condenado meses atrás en términos similares a los que accedió Peiti.
En su declaración como arrepentido, Ponce Asahad aseveró que tanto su jefe Serjal como Traferri eran organizadores de la misma asociación ilícita.
Rosario. Corresponsalía.
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