Que la inflación es un problema político ya es admitido por todos. Y que si no se encara pronto con un plan consistente, sus efectos corrosivos impactarán cada vez más. El año próximo habrá elecciones legislativas. Tendrán una importancia capital para la actual administración. Un triunfo o una derrota definirá el futuro de los Kirchner para 2011. Es difícil imaginar que el Gobierno llegará al 2009 ignorando la inflación real y defendiendo un índice que carece de credibilidad interna y, menos aún, externa. La resistencia oficial a admitir esa realidad es una actitud obstinada que tiene su explicación en la particular manera del Gobierno de administrar el poder.


La cuestión no es el funcionario que esté a cargo, aunque hay conductas que agregan una carga negativa adicional y gratuita a una cuestión muy complicada. Después de todo, la remoción del responsable del desaguisado no soluciona nada si la política que sustenta la actual medición del INDEC se mantiene inalterable. De nuevo, las formas y el fondo. Pueden cambiar los modales y mantenerse, como está ocurriendo, las causas que hacen poco creíbles las estadísticas oficiales.
En ese sentido, conociendo la conducta reactiva que tiene la Casa Rosada cuando siente presión, los reclamos sobre Guillermo Moreno no hacen más que afirmarlo. Esto ha ocurrido cada vez que hubo reclamos personalizados. Aunque las cosas han cambiado luego de la caída de las retenciones móviles, esa táctica no ha cambiado. La inflación creciente está urgiendo políticas creíbles para enfrentarla. La realidad, muchas veces, fuerza el cambio, venciendo resistencias inútiles.