El crimen múltiple ocurrido en Campana puso al descubierto que el sistema de tobilleras electrónicas no cuenta con el control y seguimiento que se requiere. Además, también plantea la necesidad de que los beneficios procesales sean concedidos con mucha prudencia por parte de los jueces, en especial cuando se trata de delitos graves.

Uno de los detenidos por este brutal crimen estaba cumpliendo prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, la cual no funcionó el día de los hechos. Este imputado accedió, por la resolución de un juez de Garantías de San Martín, al beneficio de permanecer en su casa con el monitoreo de una pulsera electrónica a pesar de contar con antecedentes por robo, violación y homicidio. Ya con una condena de 25 años de prisión se le había otorgado la libertad condicional y luego, mientras tramitaba una causa en su contra por los delitos de hurto y tenencia ilegal de armas, se le concedió el nuevo beneficio. Estas circunstancias obligan a que las instituciones ejerzan con mayor compromiso y responsabilidad sus funciones, tanto para evaluar en qué situaciones corresponde que personas imputadas de cometer delitos gravísimos accedan a beneficios procesales, como para controlar el cumplimiento de las prisiones domiciliarias.

Sobre este último aspecto, un preso relató a este medio cómo reiteradamente burló el sistema de la tobillera electrónica, dejándosela a un tercero, mientras él realizaba diversas actividades, algunas delictivas. Uno de los aspectos que hacen vulnerable al sistema es la dependencia con el teléfono del beneficiario, lo cual hace que si cesa el servicio, cesa la supervisión.

Ahora, entonces, corresponde que se determinen las responsabilidades de los funcionarios judiciales y administrativos que otorgaron el beneficio y que debían controlar el cumplimiento de la restricción ambulatoria del principal sospechoso del crimen de Campana. Y se deben fijar criterios rigurosos para el otorgamiento de estos beneficios en caso de delitos o antecedentes graves, y establecer mecanismos de control estrictos.

El crimen múltiple de Campana ha mostrado imprudencia en la asignación de beneficios procesales y deficiencias en el control de las prisiones domiciliarias. Sobre ambos puntos se debe mejorar el funcionamiento institucional.