INAI: indígenas en Laferrere, U$S 80 millones sin rendir, 174 inmuebles para entregar y autopréstamos

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante la gestión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner reconoció el año pasado en tiempo récord y en forma irregular 174 propiedades más a comunidades indígenas y no rindió cuentas de 80 millones de dólares que le entregaron para relevar las tierras que reclaman.

Así abrió nuevos conflictos con particulares y con el Estado, en especial con el Ejército y muchos de los actuales propietarios de esas tierras “reconocidas” aún no fueron notificados de las resoluciones.

En una investigación preliminar del fiscal Carlos Stornelli detectó que muchos de los expedientes en que se reconocieron derechos de propiedad de comunidades indígenas eran “precarios” desde el punto de vista jurídico como para dar un “reconocimiento de ocupación territorial” en el contexto de la ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes. Otros reconocimientos estaban bien hechos y eran reclamos que habían sido presentados hace años, pero el INAI K favoreció más los reclamos de los grupos que lo apoyaban en términos electorales.

De esta forma, el nuevo presidente del INAI, Claudio Avruj, mandó a hacer una auditoría interna que también revela falta de rendición de gastos en otros casos.

Sucede que el ex presidente Fernández firmó el DNU 805 en el 2021 suspendió por “el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” reclamadas por estos grupos indígenas. Y le otorgó 290 millones de pesos extras al INAI, unos 80 millones de dólares al cambio de la época para realizar estos relevamientos.

Avruj mandó a hacer una auditoría que advierte que en el transcurso de la vigencia del DNU 806, “el organismo no rindió cuentas de la ejecución de trabajos que debían realizar” en Neuquén, San Juan, Misiones, Santa Fe, Chaco, Salta y Jujuy, entre otras provincias. Ni tampoco realizó una presentación formal de sus últimas gestiones ante la Cámara de Diputados.

En el último trimestre, “a efectos de eludir la responsabilidad de funcionarios públicos, se finalizaron trámites que las provincias aguardaban durante el año de inacción en cuestiones de competencia del organismo”.

Además, en diciembre de 2023 “se finalizaron con agilidad llamativa los expedientes administrativos de rendiciones de cuenta de fondos no reintegrables, entre los que se encuentran los montos percibidos por el ex vicepresidente del INADI y cacique Luis Pilquiman”.

Avruj mandó, también, a abrir un sumario porque Pilquiman se concedió “un autopréstamo de 5 millones de pesos de fondos no reembolsables”. Serían unos 15 mil dólares al cambio de noviembre de 2021. El ex vicepresidente del organismo también fue acusado de colaborar con el grupo que había tomado en forma violenta terrenos del Estado en el lago Mascardi.

En base a esa investigación de Stornelli, se abrió una causa penal que esta semana quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.

El INAI bajo la presidencia del militante K Alejandro Marmoni dio esos reconocimientos basado en testimonios de miembros de esas comunidades “mediante un precario Cuestionario Sociocomunitario Indígena (CUESCI), aportando bocetos hechos a mano donde muestran cual es el supuesto territorio que ocupan”.

Por ejemplo, Stornelli cita la resolución 23 del INAI del año pasado donde “surge un croquis confeccionado a mano –de manera precaria y poco claro- por algún supuesto miembro de la Comunidad Aborigen Vichi Cacique Katán delimitando el territorio que le correspondía”.

También analizó la resolución 68 del año pasado, las “fotografías poco precisas tomadas por personal del INAI en el marco del relevamiento efectuado a la Comunidad Indígena Wichi-Guarni Misión La Loma” con igual propósito.

Otro caso irregular es el de la “comunidad indígena urbana llamada Areteguasu Bsaspe” que reclaman siete casas distintas en Laferrere, partido de La Matanza, basado “en una precaria narrativa de su historia y un croquis hecho a mano”.

Por otra parte, el fiscal analizó ocho expedientes que otorgan personería jurídica a nuevas comunidades indígenas para incorporarlas al Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI) y concluyen que tienen una “superficialidad de análisis”. El ingreso al registro les dar una serie de derechos.

En sintonía con el fiscal, la auditoría de Avruj señala que “existieron demoras administrativas en la finalización de trámites, lo que además pone en evidencia que por razones ajenas a los estrictamente ajustado a derecho, con sus actos favorecían situaciones particulares, en desmedro de comunidades indígenas que presentaban documentación en tiempo y formal como indica la ley”.

Otro expediente precario está referido a la comunidad “Lof Suy Ai Levfv pueblo mapuche de Mendoza”, provincia donde la legislatura provincial no reconoce derechos a los mapuches porque sostienen que no son originarios de ese distrito.

Para el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, durante el kirchnerismo “hubo un plan integral” para aumentar la cantidad de comunidades indígenas con fines electorales e ideológicos.

Así el INAI, sobre todo durante la gestión de su ex titular Magdalena Odarda, apoyó el reclamo de mapuches radicalizados en el lago Mascardi y los pedidos de otro grupo para quedarse con 180 hectáreas del Ejército en Bariloche. Larsen dio de baja la semana pasada una concesión que le dieron los K a una fundación vinculada a Juan Grabois en la zona de Los Rápidos, camino al cerro Tronador, en el sur de Bariloche.

En la causa por esas 180 hectáreas, Stornelli volvió a pedir al juez Daniel Rafecas que procese a funcionarios del ministerio de Defensa que no apelaron un fallo a favor de los mapuches, luego de que la Cámara Federal porteña anuló los primeros procesamientos.

El diputado del PRO de Bariloche, Sergio Capozzi, dijo con esta nueva causa “ahora, los responsables de firmar esas resoluciones van a tener que rendir cuentas a la Justicia”.

Por su parte, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, en un informe entregado esta semana al Senado, respondió preguntas a senadores K que decían que en la Argentina viven “casi tres millones de ciudadanos pertenecientes a pueblos originarios”. En realidad, según el INDEC no llegan a un millón. La pregunta era si se habían frenado los relevamientos territoriales de comunidades indígenas.

El INAI, con el cambio de gobierno, pasó del ministerio de Justicia al de Interior que dirige Guillermo Francos.

El informe reitera que Claudio Avruj fue designado al Presidente del INAI por Decreto 308/24. “No hay ninguna previsión de cierre del organismo y es falso que se hayan frenado los relevamientos”, agrega la respuesta de Posse. “Se encuentran en proceso de conclusión del trámite administrativo de la elaboración de carpetas técnicas de un total de 113 relevamientos”, precisó. Avruj ya se pudo a disposición del fiscal Stornelli para colaboraron con la causa.

El gobierno de Javier Milei también se propuso “la normalización y ordenamiento del Consejo de Participación Indígena”. Actualmente son 128, que tienen su propia forma de organización en una Mesa Nacional, Mesas Regionales y Comisiones de Trabajo.

“La propuesta que implementaremos es la de normalización de mandatos y legitimidad de los CPI, además de un proceso de elaboración de planes de acción con cada CPI para tener un mapa de las problemáticas estructurales de las comunidades en cada región”, luego de que el fiscal Stornelli descubrió irregularidades en algunos nombramientos.

El polémico DNU de Alberto Fernández precisa que en el censo de 2010, “los descendientes de pueblos originarios ascienden a 955.032, registrando una tasa de crecimiento de 37,14 %” respecto del anterior censo. Y hasta ese momento, el INAI había registrado 1760 comunidades indígenas y finalizado el proceso de relevamiento de 746 de ellas pero con un proceso irregular y donde se investiga si hubo desvío de fondos.