Por demoras en el traspaso, la Ciudad paga $157 millones al mes para que el ex Mercado de Liniers no sea intrusado

La Ciudad no sólo insiste por estos días por la regularización de la deuda de $435 mil millones contraída por el recorte a la Coparticipación Federal que le ejecutó Alberto Fernández, en el 2020. También reclama a la Nación la devolución de competencias y predios que aún mantiene el estado federal, uno de ellos es el ex Mercado de Liniers, con la paradoja que desde la jefatura de Parque Patricios deben pagar todos los meses casi $157 millones para evitar que sea dañado o intrusado.

Si bien la relación de Jorge Macri con Javier Milei es cordial, hay una tensión subyacente entre ambas jurisdicciones por la demora del Gobierno en hacer frente a las demandas de la Ciudad. Una de ellas refiere al limbo institucional en el que quedaron los terrenos del ex mercado agro-ganadero.

En mayo de 2022 el Mercado de Liniers dejó de funcionar en el predio en disputa y se trasladó hasta Cañuelas, a 60 kilómetros de la Capital. Tras casi 122 de años, la institución pasó a funcionar en un predio sobre la ruta provincial 6. Recién en ese momento se cumplió una ley del año 2001 que impedía el ingreso al distrito de vacunos al tiempo que buscaba descomprimir drásticamente el tránsito en la zona además de dar respuesta a las quejas de los vecinos de Mataderos.

Pero extrañamente hoy es la Ciudad la que se ocupa de solventar los costos de mantenimiento y seguridad del complejo ubicado en Mataderos. Según información oficial a la que tuvo acceso este diario, las arcas porteñas deben hacer frente a un gasto de $126.432.576 al mes para la custodia del ex Mercado de Hacienda y unos $29.851.791,30 para el sector "motorizado"; en este último caso refiere a depósitos de motos incautadas por la Policía ubicados en el mismo establecimiento.

En la Ciudad explican que esos gastos están destinados a evitar que los terrenos que aún hoy son propiedad de la Nación sean usurpados o se conviertan en un basural. El complejo, al igual que el puerto porteño o los predios de la Cárcel de Villa Devoto o del expresidio de Caseros, aún no fue transferido al gobierno porteño.

Pero, en este caso, la demoras resultarían más irritantes porque es el estado porteño el que debe hacerse cargo de solventar los gastos de seguridad y mantenimiento. Son casi $1900 millones en el año. En el gobierno porteño aseguran que se hacen cargo del gasto porque son terrenos ubicados dentro de la Ciudad pero que, en los hechos, aún pertenecen a la órbita del AABE, el organismo de Jefatura de Gabinete que administra los bienes nacionales.

En los últimos meses se sucedieron las reuniones de Jorge Macri con funcionarios nacionales como Luis "Toto" Caputo (Economía) y Guillermo Francos (Interior) para intentar acelerar la devolución de los fondos coparticipables, amparado en un fallo de la Corte Suprema. Pero en la reunión celebrada el 25 de marzo en las oficinas de la planta baja de Casa Rosada el alcalde porteño insistió también en la transferencia de competencias a la Ciudad.

Se trata de reclamos históricos devenidos de la autonomía porteña que consagró la constitución local de 1996. Por ejemplo, el traspaso de la Justicia nacional ordinaria, de la Justicia Civil y Comercial y Laboral, del Registro de la Propiedad Inmueble, de la IGJ o del transporte público. También hay otros predios federales en disputa, como la Estación CEAMSE de Colegiales o edificios de los complejos Borda- Moyano que han sido afectados al Servicio Penitenciario Federal.

Desde Parque Patricios reclaman una mayor celeridad en la transferencia de competencias y ponen como ejemplo que hoy la Ciudad tiene una asistencia limitada en caso de siniestros registrados sobre escenarios donde manda el estado federal, como las vías del ferrocarril San Martín donde el último viernes chocaron 2 trenes. En ese tendido no hay cámaras de seguridad, por caso.