Diplomáticos, ¿sin voz autorizada?

Todas las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior recibieron recientemente una circular de la Dirección de Recursos Humanos de la Cancillería advirtiendo que para emitir opiniones, publicar notas o efectuar declaraciones, los diplomáticos primero deben pedir permiso a sus superiores.

Así lo dice: "Con respecto a publicaciones en medios de prensa (e inclusive en redes sociales), que lleven la firma de funcionarios de esta Cancillería (estén prestando funciones en la República o en el exterior), se agradecerá tener presente lo establecido en:

1)El Art. 24 de la Ley SEN (Servicio Exterior de la Nación, inciso pertinente): Prohíbese a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, salvo autorización expresa: c) Efectuar declaraciones que comprometan la política interna o externa de la República; Reglamento de la Ley: Art. 24. En el caso del inciso c) estará autorizado a otorgarla el Jefe de Misión. No obstante, este último podrá, teniendo en cuenta la gravedad y/o la importancia del tema, requerir al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto la correspondiente autorización.

2) El art. 60 del Reglamento para las Representaciones Diplomáticas de la República Argentina (Decreto nro.7743/63) (refiere a): publicaciones, conferencias, declaraciones, etc. Art. 60- 1. Ningún funcionario de la Misión podrá publicar artículos, conceder entrevistas a la prensa, pronunciar conferencias, etc. sin autorización previa del Jefe de Misión. 2. Este, a su vez, deberá transferir el pedido de autorización a la Cancillería argentina cuando la importancia o la índole del tema a tratar por el funcionario en cualquiera de esos actos lo haga aconsejable.3. El Jefe de Misión es solidariamente responsable con el funcionario por la autorización otorgada por sí mismo".

Se trata del recordatorio de una normativa existente, es cierto, la Ley del Servicio Exterior de la Nación, que data de 1975.

La intención evidente de traer ahora a colación aquella norma pareciera ser el desalentar o disuadir a los diplomáticos de emitir opiniones propias sobre temas de interés público vinculados a su conocimiento y experiencia que eventualmente puedan tener diferencias de matices y criterios respecto de la visión política de los gobernantes y funcionarios de turno: cambio climático, derechos humanos, cooperación internacional, resolución de conflictos, migraciones y refugiados, agenda global, etc.

Los países pueden tener gobiernos de derecha o de izquierda, pero las políticas exteriores no deberían quedar cautivas de esos sesgos u orientaciones. Una política exterior exitosa no es la que se rige por una u otra ideología sino aquella que contempla el interés nacional de su país. Y a ello contribuye tener un servicio exterior profesional en condiciones de llevar adelante la representación del país en el mundo trascendiendo la orientación de sus gobiernos. Los casos de Brasil y Chile son ilustrativos al respecto.

El Presidente expone en foros, tribunas, medios periodísticos internacionales y redes sociales su peculiar credo ideológico-político libertario sin importar que como Jefe de Estado debe representar a todos los argentinos, compartan o no compartan sus ideas.

Puede manifestar sus preferencias por Trump en la cara de Biden, insultarse con López Obrador y Petro, abrazarse con Bolsonaro en Brasil, brindar su apoyo fervoroso a Abascal en España interviniendo en la campaña electoral y protagonizando una nueva escaramuza ahora con el gobierno español, o plantear que su política exterior se basa en la lucha contra el comunismo y las ideas socialistas en el mundo, como si tal cosa tuviera alguna relación con una definición realista e inteligente del interés nacional de la Argentina.

Y la canciller Diana Mondino se permite lapsus linguae que traicionan sus mejores intenciones, como señalar que es difícil saber si hay o no hay militares chinos en la Base espacial que tiene la República Popular China en la Patagonia, porque "los chinos son todos iguales" (sic).

Pero se manda a callar las voces de los profesionales que representan a la Argentina en el exterior, obligándolos a pedir autorización antes de emitir opiniones sobre cualquiera de los temas de la agenda internacional en los que tienen incumbencia y pueden brindar su aporte al país y en sus lugares de destino, tal como lo hacen los representantes extranjeros de tantas otras democracias del mundo a las que nos queremos parecer. En síntesis, una medida poco liberal. Y poco inteligente.